Carta abierta a los miembros del CNU

El 29 de julio de este año se cumplieron 79 años de la primera sesión del Consejo Nacional de Universidades (CNU), y la fecha coincide con un momento particularmente importante para la educación superior venezolana, ya que después de años de deterioro institucional, pérdida de profesores, restricciones presupuestarias, debilitamiento de la investigación y reducción de las capacidades académicas de las universidades, nuevamente se habla desde el CNU de calidad, equidad, eficiencia, recuperación de las instituciones y reconstrucción del sistema.

Al seguir con atención algunas de las intervenciones de los rectores y de las autoridades del Ministerio en los videos difundidos después de las últimas sesiones, se encuentra una preocupación común que vale la pena resaltar; se habla de mejorar la calidad y la eficiencia, atender la equidad, recuperar la institucionalidad, revisar el funcionamiento de las universidades y conformar comisiones para trabajar sobre varios de estos problemas. En definitiva, lo que parece plantearse desde el CNU es la necesidad de acordar y poner en marcha nuevas políticas que permitan recuperar un sistema universitario profundamente afectado después de tantos años de crisis. Y quizás este sea precisamente uno de los momentos en los que el CNU debería desempeñar un papel particularmente importante. La propia Ley de Universidades le asigna la responsabilidad de coordinar las relaciones entre las universidades, armonizar sus diferencias alrededor de objetivos comunes y orientar el desarrollo del sistema de acuerdo con las necesidades del país. De manera que parte de los asuntos colocados sobre la mesa no son extraños a la naturaleza del Consejo; por el contrario, forman parte de las razones por las cuales existe. Lo verdaderamente importante ahora será cómo convertir esa disposición que se percibe en políticas públicas capaces de producir resultados y, sobre todo, de sostenerse en el tiempo.

Es allí donde surgen algunas preocupaciones que vale la pena compartir con los miembros del CNU y con el país. Reconstruir un sistema universitario después de una crisis tan prolongada supone mucho más que identificar sus problemas y crear comisiones para atenderlos. Por ello, valdría la pena preguntarse cuánto se conoce realmente del sistema universitario sobre el cual se pretende actuar, cuánto del conocimiento producido durante años por quienes han estudiado la educación superior venezolana está siendo considerado en estas discusiones y, quizás algo todavía más complejo, cómo recuperar la confianza de una comunidad universitaria que, después de tantos años de desencuentros, difícilmente se incorporará a un proyecto común si siente que nuevamente ha sido pensado fuera de las universidades para que ellas simplemente lo implementen.

Sobre el primer planteamiento, al referirnos a, cuánto se conoce realmente del sistema universitario venezolano, es claro que se hace referencia al conocimiento objetivo –alcanzado con métodos y técnicas y no a las opiniones que puedan surgir de la experiencia– sobre la matrícula, las trayectorias de los estudiantes, las condiciones de sus profesores, la situación de los postgrados, la investigación, la eficiencia del financiamiento y, la capacidad académica realmente instalada en cada universidad. Porque una cosa es reconocer que las universidades atraviesan una profunda crisis, algo sobre lo cual seguramente existe un amplio acuerdo, y otra muy diferente es disponer de la información y el conocimiento necesarios para saber exactamente dónde se está, cuáles son los problemas que requieren mayor atención y desde dónde debería comenzarse.

Bueno, muchas de estas preguntas hoy no tienen respuesta, la razón es que la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) dejo de producir  los boletines, anuarios y publicaciones que fueron una fuente documental durante muchos años para los investigadores, las universidades y los responsables de las políticas públicas, y que incluso permitieron al propio CNU observar la evolución del sistema, construir series históricas y comparar instituciones y períodos. Con la desaparición progresiva de estas publicaciones no solamente se dejó de disponer de cifras estadísticas; sino también se interrumpió una memoria de información que había tardado décadas en construirse y que hoy sería necesaria, incluso, para dimensionar cuánto ha cambiado el sistema universitario venezolano después de tantos años de crisis.

En este punto, quizás no convenga profundizar en cómo se llegó hasta acá y, lo cierto es que no ocurrió de un día para otro y que el Ministerio y la OPSU fueron perdiendo continuidad en una función que nunca debió dejar de cumplirse: producir y hacer pública la información del sistema universitario. Por eso, quizás uno de los primeros consensos que ustedes podrían alcanzar en el CNU sea precisamente revertir esta situación, y convenir restablecer la publicación periódica y sistemática de las estadísticas universitarias y recuperar, hasta donde sea posible, las series históricas existentes. No importa demasiado, para estos efectos, si esa responsabilidad corresponde administrativamente al Ministerio, a la OPSU o al propio CNU; lo verdaderamente importante es que vuelva a producirse y publicarse la información y que, desde luego, esté disponible para las universidades, los investigadores y quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones sobre el sector.

Si las estadísticas no se publican, también resultará difícil confiar en los resultados de las políticas que se emprendan para reconstruir las universidades. La razón es bastante sencilla; sin información pública, continua y confiable se limita la capacidad para investigar objetivamente el sistema, conocer con mayor precisión los problemas de calidad, equidad, acceso o financiamiento y, sobre todo, explicar sus causas, alcances y consecuencias. Ese conocimiento resulta indispensable para fundamentar las decisiones que se toman en el CNU, pero también las que corresponden a los consejos universitarios y a los demás órganos responsables del gobierno y de la política universitaria. Una decisión puede estar inspirada en las mejores intenciones y, aun así, partir de un diagnóstico equivocado; y si tampoco existe información que permita evaluar su progreso y sus resultados, será difícil saber si la política pública funcionó, cuáles fueron sus limitaciones, qué debe corregirse o, sencillamente, si se está avanzando en la dirección correcta.

Ahora bien, de lo anterior queda claro que recuperar las estadísticas es importante, pero no resolvería del todo el problema. Los datos pueden mostrar qué está ocurriendo en las universidades, pero comprender por qué ocurre y qué puede hacerse frente a ello requiere investigación y conocimiento especializado, como ya se expuso. Y en este punto en Venezuela no se parte de cero, pues durante años han existido programas de postgrado, líneas de investigación e investigadores dedicados al estudio de la educación superior en el país, y allí existe una producción que bien les convendría revisar precisamente ahora. Seguramente parte de ese conocimiento estará desactualizado después de una crisis tan prolongada, pero puede ayudar a comprender mejor problemas que ya fueron estudiados y servir como punto de partida para investigar aquellos que hoy presentan características diferentes.

Pero aún queda un asunto quizás más difícil de resolver; no referimos a cómo recuperar la confianza de la comunidad universitaria, después de tantos años de desencuentros y de políticas que no lograron resolver los problemas fundamentales del sector, difícilmente puede suponerse que esa confianza reaparecerá simplemente porque hoy exista una mayor disposición al diálogo entre la Ministra y los rectores que conforman el CNU. Si realmente se pretende reconstruir el sistema universitario, las universidades deben formar parte de la construcción de ese proyecto y no ser nuevamente instituciones llamadas a implementar decisiones previamente tomadas desde el Ministerio. Y allí el CNU tiene una oportunidad importante, porque reúne a una parte significativa del liderazgo universitario y puede convertirse en un espacio para construir –entre los diferentes actores universitarios– algunos acuerdos fundamentales sobre qué educación necesita Venezuela, qué debe preservarse y qué necesariamente tendrá que transformarse.

Esa discusión también debería alcanzar problemas que durante años han debilitado la institucionalidad universitaria, entre ellos el respeto efectivo de la autonomía universitaria en sus dimensiones de gobierno, organizativa, académica, administrativa y financiera; discutir la pertinencia de los mecanismos mediante los cuales se designan las autoridades universitarias; revisar la asignación y administración de los recursos públicos; y promover la capacidad de las propias universidades para conducir sus instituciones. No será necesario coincidir en todo –tampoco tendría sentido pretenderlo en una comunidad universitaria que sea realmente diversa–, pero sí es necesario alcanzar algunos acuerdos fundamentales que permitan recuperar la institucionalidad, respetar la diversidad y definir el papel que las universidades deben desempeñar en el desarrollo del país, entendiendo que difícilmente podrá reconstruirse el sistema universitario si antes no existe algún acuerdo, al menos en lo esencial, sobre el sistema que se quiere tener.

Señores miembros del CNU, ciudadana Ministra y Director de la OPSU; hace 79 años este Consejo fue creado para contribuir a coordinar las universidades venezolanas, armonizar sus diferencias y orientar el desarrollo del sistema de acuerdo con las necesidades del país. Casi ocho décadas después, esa responsabilidad adquiere una dimensión quizás mucho mayor y son ustedes los que hoy tienen al frente, la tarea histórica de contribuir a reconstruir un sistema profundamente afectado y, al mismo tiempo, ayudar a construir los acuerdos que permitan definir hacia dónde debe dirigirse y qué educación universitaria necesita Venezuela para su desarrollo.

@letn2210