¿Y los servicios públicos esenciales? (3)

3erCapítulo— Oportunidad no buscada

En una conferencia que dictaba en Madrid, una reconocida politóloga argentina habló de la oportunidad que había tenido esa nación para un recomenzar desde cero en todas aquellas áreas donde se habían cometido “tantos errores”. Se refería a la crisis argentina, en cuyo clímax el presidente Fernando De La Rúa se vio obligado a renunciar (20/12/2001), dando paso a la muy recordada sucesión de cinco presidentes distintos en un cortísimo período de tiempo. Fue un lapso de mucha turbulencia e inestabilidad política que dejó para la posteridad aquel lema cantado por millones de argentinos: <<Que se vayan todos>>. Ella reconoció haber sido muy ingenua al atreverse a pensar que aquel momento político ofrecía la oportunidad para un reseteo total. <<…habíamos caído tan bajo, que visualicé la oportunidad de enmendar todo lo malo que se había hecho y arrancar un proyecto para Argentina bajo una visión radicalmente distinta>>, dijo, para luego admitir con rostro de decepción: <<No ocurrió>>. Tanto en aquel momento, hace más de veinte años, como ahora, reconozco ser preso de un ataque de ingenuidad similar.

A Venezuela se le presenta una oportunidad de oro similar a la que hubo en Argentina. ¿Seremos capaces de aprovecharla para repensar el diseño que nos funcionó, no obstante sus errores, para aquella Venezuela muy distinta? Debemos pensar, cuidadosamente, cómo deseamos que sean los nuevos servicios públicos, lo cual va a estar condicionado por el apalancamiento financiero con el que podamos contar. De entrada, habrá que establecer prioridades y una programación dinámica que abarque un horizonte de plantificación prolongado. El punto de partida lo marca la destrucción de capacidades de la que hemos sido objeto en todas las áreas. Podemos soñar, es necesario hacerlo, pero también trabajar con criterios de factibilidad y sostenibilidad financiera y ser transparentes al comunicar lo que es realizable y los sacrificios que habrá que hacer para lograrlo. También, para comunicar lo que por los momentos no será factible y las razones de tal imposibilidad.

¡Soñar, pero también aterrizar a la realidad! Cuando he sido invitado a participar en grupos de trabajo para elaborar propuestas programáticas para la Universidad de los tiempos por venir, he observado una tendencia colectiva a evadir la realidad. El producto suele ser una lista dorada de deseos, pero se rehúye lo nitty-gritty del asunto: ¿Cómo se va a resolver el problema de financiamiento? ¿Podremos continuar sosteniendo el modelo gratuito que preceptúa nuestro ordenamiento legal?

Esta referencia a lo universitario me permite aclarar las razones por las que en este trabajo no se aportarán consideraciones conceptuales sobre el modelo público deseable de prestación de los SPE. La idea central de este texto reviste más bien una cierta crueldad, pero necesaria: comunicar de la forma más clara posible —a través de sencillas cuantificaciones— el nivel de inmensa dificultad financiera que tendremos que superar para iniciar la reconstrucción del sistema. ¿Con qué finalidad? La de contribuir a crear un nuevo paradigma ciudadano acerca de cómo debemos enfrentar ese GRAN DESAFÍO. Es imperativo dejar de fantasear y ponernos de acuerdo. Desactivar a los encantadores de serpientes que viven del engaño. Internalizar que tendremos todos que ajustarnos los cinturones para que, con sacrificio y trabajo, podamos implantar la nueva red de servicios públicos lo más efectiva posible, realizable y sostenible financieramente en el tiempo.

En el ejercicio de la “Escuela 5D” —un sugestivo título que huele a tecnología de guerra de las galaxias e invoca el contraste con nuestra ruta de retorno a la Prehistoria— presentamos una cuantificación muy preliminar del costo laboral directo implicado en la restauración del funcionamiento de cinco días a la semana de la escuela pública venezolana. Y, también, el porcentaje que este costo representaría de los ingresos adicionales esperados. Estimación que soy el primero en reconocer que no puede ser muy rigurosa porque la estructura real de las nóminas del Estado no es pública. El régimen saliente las oculta y miente sistemáticamente sobre ellas. Por este mismo desconocimiento mantengo la “bonificación” como regla de estimación, sin que ello quiera decir que aconsejamos mantener dicha política como mecanismo de retribución del trabajo. En este documento siempre hablaremos de ingreso bruto por servidor público, en el entendido de que sería deseable, en la medida de las posibilidades, emprender en paralelo la reinstitucionalización del sueldo como instrumento formal de valoración del trabajo.

Otra acotación que considero imprescindible con relación al monto estimado, es que el mismo no incluye la extensión de ese incremento de ingreso a los docentes jubilados que permanecen en las nóminas del Ministerio. Mismo dilema se presentará en el caso de la rehabilitación de los servicios de seguridad, justicia y salud con relación a las nóminas de personal jubilado que se mantengan en los respectivos ministerios. Por supuesto que lo deseable sería extender el beneficio a fin de no producir una ruptura prematura con un derecho laboral que se ha mantenido desde los tiempos en que éramos ricos y no lo sabíamos. Pero ¿se podrá contar con recursos financieros para eso? Sacrificar el ingreso adicional dirigido a los funcionarios activos, en aras de poder extender el beneficio a los ya jubilados, puede comprometer seriamente la posibilidad de rehabilitar con una funcionalidad mínimamente aceptable la prestación de los SPE. Este es un importante dilema a resolver.

Considerando las evidentes restricciones que se presentarán en cuanto a la disponibilidad de recursos financieros obtenibles de la recuperación económica, se hará necesario establecer un esquema de prioridades que ilumine las vías de solución de los diversos nudos de decisión. No habrá forma de esquivarlos en la hoja de ruta que emprendamos. Ya están ubicados en la agenda de nuestro futuro, erguidos como las gigantescas estatuas de Isla de Pascua aunque se evada hablar de ellos. ¿Cuándo es el momento adecuado para comenzar a hacerlo? ¡Ahora! Si deseamos estar preparados para el momento en el que se pueda iniciar el proceso de rehabilitación de los SPE. Por otra parte, mientras más transparente sea la comunicación política sobre este complejo proceso, más coadyuvará al objetivo de lograr una conciencia ciudadana compartida sobre los duros dilemas a resolver.

Así como hemos presentado un pequeño ejercicio de cuantificación referente a la rehabilitación de la educación pública en los estratos primario y secundario, un razonamiento similar se aplicaría en el ámbito de los organismos públicos para la provisión de justicia y seguridad a los ciudadanos. Reconstituir adecuadamente su funcionamiento, también involucrará la necesidad de pagar sueldos razonables que permitan exigirle al funcionariado de esas dependencias un desempeño eficaz y honesto. El tema de la salud pública es otro protagonista de la compleja agenda, sobre el cual mi total ignorancia me aconseja abstenerme de comentar. En definitiva: el gobierno del auténtico cambio enfrentará en lo inmediato múltiples retos en lo atinente a la rehabilitación de los SPE, para lo cual no contará con infinitos recursos, sino más bien todo lo contrario. Para esa batalla crucial hay que prepararse con planes concretos, cuentas sacadas, prioridades muy claras, dilemas resueltos y un buen relato político que la ciudadanía pueda compartir.

Me imagino que resulto cansón con la insistencia de la necesidad de PRIORIZAR. A fin de justificarme, presentaré a continuación otro ejercicio de cuantificación sobre el monto anual dolarizado que demandaría un incremento igual para todos los funcionarios públicos activos (FPA) —lo que he denominado un incremento plano—. En primer lugar cabría preguntarse: ¿Con cuántos FPA contamos en el país? Debería ser una tarea fácil averiguar, pero no lo es y ya conocen el por qué. Después de horas de búsqueda auxiliándome con la IA, me decanté por unos datos presupuestarios del 2022, en los que se hacía referencia a una nómina de administración central con un aproximado de dos millones de trabajadores activos “reales” en ministerios y entes descentralizados que no pertenecen al sector castrense. Es importante señalar que en esa misma fuente se alude a una nómina “amplia”, que podría alcanzar los cinco millones y medio de dependientes e incluye a militares y miembros de las milicias bolivarianas cuyos beneficios económicos no son de acceso público[1]. Nos quedaremos con el estimado de dos millones de funcionarios públicos activos —medio millón por debajo del estimado que proporcionó Asdrúbal Oliveros en la ya mencionada entrevista—. Optamos por ser conservadores en el objetivo de tratar de producir una estimación cuantitativa de la magnitud de la emergencia salarial pública y relativizarla con respecto al monto de probables ingresos adicionales.

Un incremento plano de 100 $/mes del ingreso individual bruto de los dos millones de FPA, implicaría el egreso en un año de 2400 millardos de dólares, casi el 25% de los ingresos adicionales estimados por Oliveros. El de 200 $/mes consumiría cerca del 50% de esos diez millardos supuestos a ingresar si todo va bien. Ni uno ni otro satisfaría al colectivo. Serían considerados a la luz de lo que se ventila hoy día en la opinión pública de “absolutamente insuficientes”. Lo importante es, en mi opinión, que un gesto de remediación salarial dentro de ese rango no redundaría en la rehabilitación significativa de ninguno de los más esenciales servicios públicos. A los efectos de que la política de incremento plano posibilitara un inicio de resolución de los temas cruciales, la magnitud del incremento tendría que ser bastante mayor que los ya cuantificados, para lo cual se ha evidenciado que no se dispone de suficientes recursos.

Como si no fuera lo suficientemente preocupante, en este segundo ejercicio de cálculo no está incluido el sector de los jubilados y pensionados que, según datos del sistema unificado (IVSS y Amor Mayor), incorpora cinco millones y medio de personas como dependientes del Estado —tampoco el sector castrense que ya sabemos por experiencia lo que ello implica—.   No sería aceptable plantearse un programa de incrementos salariales a los FPA, sin que en paralelo se asumiera el objetivo de comenzar a reducir la inmensa deuda social acumulada con los jubilados y pensionados. Son dos frentes a atacar, lo cual eleva la necesidad de recursos a niveles imposibles de suplir a cuenta de la progresiva recuperación económica. En el horizonte está la necesidad de gestionar un Plan Marshall Social. Su imperiosa justificación obligará a tomar medidas de ordenamiento en el tema de jubilaciones y pensiones. Nos referiremos a ello en la siguiente entrega.

[1] https://gemini.google.com/share/4a884a492696