¿Y los servicios públicos esenciales? (2)
23/5/26
Por
Asdrúbal A Romero M
2gdo capítulo- ¿Cómo logramos que 400000 educadores se incorporen integralmente a la escuela 5D?

La escuela 5D como ejercicio
Recientemente, en una entrevista concedida a un medio digital, Asdrúbal Oliveros, uno de los economistas más reconocidos del país, estimaba en diez mil millones de dólares los ingresos adicionales que se podían estar recibiendo este 2026, como consecuencia de la progresiva reactivación del sector petrolero. Estos son los recursos de los que dispondríamos para atender las diversas emergencias nacionales, entre ellas, la emergencia salarial de los funcionarios públicos activos, que repercute de manera directa sobre la disfuncionalidad de los SPE, así como la de los jubilados de la administración pública y pensionados del SSO. A los efectos de aportar algunos estimados sobre la dimensión de esta emergencia es necesario analizar de dónde partimos.
Nos referiremos, preliminarmente, a la estimación del costo mensual actual para el Estado que representa cada funcionario público activo. Si hablamos del sueldo formal como tal —con capacidad para generar incidencia en otras cláusulas de beneficio laboral—, los montos son ínfimos. Tomando en cuenta mi conocimiento de las nóminas universitarias, me atrevo a predecir que el sueldo correspondiente al percentil del 5% de los sueldos mensuales más altos no supera los cinco dólares. En realidad, el ingreso mensual más significativo —y por mucho— que perciben los trabajadores del sector público viene dado por el denominado Bono de la Guerra Económica. El Estado lo cancela a través del sistema de la Página Patria y es actualizado, mes a mes, para que sea equivalente a un determinando monto en dólares valorados a tasa oficial BCV. En su más reciente ajuste, en marzo de este año 2026, fue incrementado 30 $s para llevarlo a un monto de 150. Cabe señalar que este incremento ya se produce a cuenta de la proyección del ingreso excedente que percibirá la nación este año —al que hizo referencia Oliveros en la ya citada entrevista—.
El Bono de la Guerra Económica lo reciben todos los funcionarios públicos activos, con prescindencia de su ubicación en el escalafón; patentizando de manera muy evidente la política igualadora por debajo del régimen chavista y la desaplicación en el territorio venezolano, por la vía de los hechos, del concepto de sueldo tal como se concibiera por años en el ámbito de las relaciones laborales. La destrucción de la economía del país ha tenido el efecto de empujar al menguado Estado a la recurrencia excesiva al simplificador esquema de la bonificación del trabajo —muy simple y conveniente para los destructores—. Tan elemental y primitivo lo que hacen que, al menos, nos permite estimar la nómina pública al establecer un monto de 150$ como costo promedio para el Estado por trabajador. Hemos considerado despreciable, a los efectos de producir este grueso pero muy útil estimado, la cuantificación del sueldo formal cuya incidencia en el costo de la nómina pública es muy poco significativa y que, para los trabajadores, ni siquiera alcanza para compensar la pérdida en el valor efectivo del Bono de la Guerra Económica a causa de las fluctuaciones del dólar en el mercado paralelo.
Expondremos dos aclaratorias adicionales con relación a este primer estimado. En algunas áreas de la administración pública se cancelan otros bonos dolarizados —para alimentación o transporte o medicinas, etc.—. Al no existir una política unificada al respecto y considerando la impenetrable negritud de la caja pública chavista, me ha resultado imposible cuantificar la incidencia sobre nuestro estimado de estos otros bonos variables que no se consideran parte del sueldo integral formal. Hay que señalar también que se ha denunciado la existencia de “burbujas salariales” a nivel de algunos ministerios y personal de confianza de los respectivos jerarcas chavistas. La desinstitucionalización y opacidad de la administración del régimen viabiliza, perfectamente, este tipo de situaciones anómalas. Es así como al cocinero del Fiscal General de la República le pueden ingresar mensualmente unos mil dólares, incluyendo todos sus beneficios, mientras un profesor universitario recibe 150 —según denuncia publicada por la organización de la sociedad civil Magisterio Venezolanoen redes sociales[1], a la cual le asigno credibilidad porque a ese personal del entorno de autoridades se le demanda una dedicación total que no obtendrían si pretendieran pagarle los mismos míseros sueldos que devengan profesionales de la educación y la salud—. Tampoco incluiremos en nuestra preliminar cuantificación la incidencia de estas burbujas, bajo el supuesto de que representan una minoría. Expuestas estas consideraciones, debe quedar claro que nuestro estimado del costo promedio mensual por trabajador público para el Estado puede estar sesgado ligeramente a la baja.
Ahora bien, ¿cuál es la importancia de disponer de este estimado? Supongamos que quisiéramos hacer el ejercicio de cuantificar el costo laboral, que se requeriría para recuperar el funcionamiento normal de cinco días a la semana de la escuela pública —bajo esta denominación englobo tanto a la escuela para el nivel de educación primaria como al liceo público—. Parto de la premisa que existe un consenso nacional sobre el carácter súper prioritario de la consecución de este objetivo: la escuela de cinco días como imagen central de la auténtica recuperación de Venezuela.
Según el informe de Memoria y Cuenta del Ministerio de Educación del ejercicio fiscal correspondiente a 2015, el total de personal en ejercicio en las aulas era de 553.948 educadores. Esta es la referencia estadística más confiable de la que disponemos. Según estudios de la Universidad Católica Andrés Bello de septiembre de 2024, en el país había, aproximadamente, 350.000 docentes en ejercicio; cifra que fue desmentida por el ministro Héctor Rodríguez al señalar que, para esa fecha, se tenía medio millón de docentes registrados en las nóminas del ME. Siendo conservador, voy a estimar que se requerirán 400.000 docentes para normalizar el funcionamiento de la escuela a tiempo completo.
De acuerdo con el estimado, esos docentes reciben un ingreso ahora de 150 $/mes y la mayoría de ellos, siendo optimistas, asisten a ejercer funciones en sus respectivas escuelas dos días a la semana —aun así, continúan siendo unos trabajadores académicos sub pagados porque un simple cálculo aritmético arrojaría un ingreso aproximado de 2 $/hora (estimando una dedicación mensual no inferior a las sesenta horas)—. Ese docente sub pagado se ve en la obligación de emprender otro tipo de actividades remunerativas, dos o tres a la vez, a los efectos de intentar completar un ingreso de sobrevivencia. Quiere decir esto, que no basta con que este segmento de los trabajadores públicos activos dedicados a la educación quede incluido dentro de un incremento plano dirigido a toda la administración pública de 100$, por anticipar un ejemplo, para concluir que ellos optarían por retornar a la escuela a tiempo completo y abandonar sus otros mecanismos de captación de ingresos que les permiten sobrevivir. Expresado de otra manera: no necesariamente la adopción de una política de incremento plano generalizado a todo el funcionariado público activo resolvería el problema de la escuela pública —a menos que fuese un incremento lo suficientemente tentador en volumen, lo cual lo haría inviable por no disponerse de los recursos requeridos para su cancelación como lo razonaremos a posteriori—.
Poner el foco en resolver el problema de la escuela pública implicará pensar en un incremento del ingreso laboral para el docente, que le compense el abandono de esas “otras actividades productivas” que han distraído su atención de lo que debería ser su enfoque primario. Desde la perspectiva del Estado, es el incremento del costo laboral que le permitirá demandar del docente los niveles de dedicación requerida para poder levantar la escuela. ¿De cuánto estamos hablando? Estimo que cualquier incremento del ingreso mensual inferior a los 400 $/mes, monto este que elevaría el ingreso mínimo de los docentes a 550 $/mes, difícilmente garantizaría el objetivo enunciado. El monto anual requerido para financiar este incremento representa un mil novecientos veinte millones de dólares ($1.920.000.000,00), un 19,20 % de los ingresos adicionales estimados por Asdrúbal Oliveros. Esta cantidad no es más que un estimado, muy grueso, del costo adicional de personal docente sobre la base de un incremento del bono por doce meses. Habría que añadir a este monto lo correspondiente a otros renglones de costo, como infraestructura, alimentación, etc., que deberían ser incorporados a un plan de reactivación de uno solo, aunque el más prioritario, de los temas de rehabilitación de los SPE.
En mi opinión, lo que este simple ejercicio revela es la necesidad que tenemos de abordar el tremendo problema que tenemos por delante desde una perspectiva más sistémica. Se hace imperativo establecer prioridades y lograr acuerdos con los trabajadores de cada sector que garanticen la efectiva reconstitución de cada uno de los SPE que sean viables de recuperar con fondos públicos. Quizás, no todo lo que antes era garantizado como un servicio público y gratuito podrá continuar siéndolo. La política de incrementos planos para todo el mundo, aunque insuficientes, es lo que va a continuar haciendo el régimen en su ya larga e insufrible agonía, porque no está dentro de sus objetivos resolver nada sino capear el temporal alimentando falsas expectativas. Este trabajo no va dirigido hacia ellos, sino hacia el gobierno que, de verdad, se plantee recuperar a Venezuela.
En ese escenario esperado por todos, el juego de la piñata que todos los sindicatos y gremios, así como otros entes e individualidades, han comenzado a practicar en el curso de su reactivación, peleándose entre ellos con la finalidad de ver quién es el que extrae la tajada más jugosa de un botín de caramelos —por cierto: bien mermado— se corresponde más bien con aquel lejano pasado en el que al Estado se le visualizaba como una vaca lechera. Está bien, por ahora, si lo desean emprender con la intención de presionar la muerte del régimen, pero luego habrá que sentarse a reflexionar y analizar estos temas con verdadero fervor patriótico.
Nota del autor: Este texto fue elaborado antes de los anuncios del primero de mayo.
[1] https://www.facebook.com/100069087603959/posts/1230786072567635/?rdid=MEZGyFSvsd6d7yaa#
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