¿Y los servicios públicos esenciales?

El 15 de abril de este año concluí la preparación y revisión final de un ensayo breve contentivo de algunas reflexiones sobre el desafío de cómo reconstituir los servicios públicos en Venezuela. A mottu propio decidí enviárselo al equipo de Plan de Gobierno de MCM. A raíz de la confusión y gran frustracion derivadas de los anuncios gubernamentales del primero de mayo, he considerado pertinente sacarlo a la luz pública. Lo he fraccionado en cuatro entregas, a continuación les comparto la primera.

Un gran desafío

Comenzaré aportando una nota de contexto. Estamos a tres meses de la captura de Nicolas Maduro y su esposa, Cilia Flores, con el fin de ponerlos a la disposición del sistema de justicia de los Estados Unidos. Se ha iniciado lo que han llamado una transición que, sin embargo, continúa siendo presidida por Delcy Rodríguez, personera del régimen, y sobre cuyo derrotero existe un alto grado de incertidumbre dado lo visto hasta ahora. No obstante, se observa una importante dinamización del debate sobre los temas económicos, con una profusa oferta de foros sobre temas tales como la reactivación de la economía petrolera, el rol del Estado en la misma, la dolarización plena de la economía, etc. En contraste, llama poderosamente la atención que sobre la necesaria reconstitución del aparato público prestador de los servicios públicos esenciales (SPE) se hable tan poco. La progresiva concreción de un nuevo modelo público tendrá que ser uno de los grandes desafíos a enfrentar, por parte de un gobierno auténticamente abocado a lograr un cambio que eleve a Venezuela años luz por encima de la dantesca realidad en la que se encuentra sumida.

Reconstruir un sistema de remuneración factible y, al mismo tiempo, eficaz —de cara al objetivo de lograr comprometer de manera integral a los servidores públicos en el proceso de recuperación de los sistemas públicos de educación, salud, seguridad y justicia— implica ingentes cantidades de recursos financieros en cuanto involucra a millones de ciudadanos. La actual estructura salarial desde la que se arranca es, en la práctica, casi inexistente. Esa enorme distancia entre lo que hay y lo que se necesita, es el argumento central que le da sustento a la calificación de GRAN DESAFÍO que, tal vez, algunos hallarán exagerada. En este texto trataremos de presentar preliminares cuantificaciones que develan una realidad, ante la cual una fracción nada desestimable del liderazgo político y social del país pareciera haberse puestos lentes especiales para no verla. Adicionalmente, se plantearán ciertos dilemas a resolver de cara a sentar las bases de sostenibilidad financiera de un nuevo modelo público para la prestación de los SPE.

Lo cierto es que esta conducta colectiva de tratar de negar una realidad que está allí, latente, dolorosa, alimenta la ausencia de propuestas, sólo estratosféricos deseos, sobre la reconstitución del sector público. ¿No será —me atrevo a especular— que en el fondo sí se tiene conciencia de la inmensa cantidad de recursos que ello demandará y la pavorosa incertidumbre reinante sobre las posibles fuentes de provisión? ¿No será que se trata de evitar el reconocimiento de la necesidad de acometer “duras y antipáticas” resoluciones, en el marco de cualquier estrategia viable tendiente a lograr un nuevo modelo para la prestación de SPE, aun cuando este sea menos ambicioso que el que teníamos? —sobre todo para la mayoría de los ciudadanos que desempeñan labores de servicio público o se han jubilado desempeñándolas—.

No hay debates, pero sí circulan en el ambiente inflamadas expectativas sobre la pronta recuperación de los salarios públicos. Discursos como el de Trump: <<Venezuela recibirá mayores ingresos de los que ha recibido en los últimos veinte años>>, han puesto a hervir la imaginación de los millones de funcionarios públicos (o ex) que han tenido que sufrir niveles ruinosos de sueldos o pensiones por demasiados años. Ya muchos se ven cobrando en el cercano futuro porciones importantes de los sueldos de antes y optan, de manera inconsciente, por desconocer la cruel realidad de la destrucción salarial que se ha producido. Otros, he escuchado a varios economistas, ya le han puesto un cable a tierra a las palabras de Trump.

Hay ignorancia sobre la cruel realidad económica de nuestro país en sus palabras. Puede ser que catapulten su imagen, pero engañan a muchos que ya imaginan flujos entrantes de dólares al país, en cantidades suficientes como para que, en pocos meses, puedan estar devengando sueldos que en la realidad son inalcanzables. En este coro de falsas esperanzas participan corporaciones gremiales, algunos partidos políticos, organismos de cogobierno universitario y hasta los responsables chavistas de calle, quienes se han dado a la tarea de difundir el rumor del espectacular remonte hasta los quinientos dólares de la muy raquítica pensión del Seguro Social Obligatorio —estacionada por años en los 130,00 míseros bolívares—. ¿De dónde emerge tan fantasioso monto? ¿Se les ha ocurrido a ellos o existe un laboratorio político instigando la creación intencional en el imaginario de irreales expectativas? ¿Cuál es el real objetivo que se persigue con la propagación de ese tipo de rumores?

¿Acaso es malo que se haya comenzado a mover en la opinión pública el tema de la recuperación salarial? Para nada, pero hoy día se observa una excesiva dosis de surrealismo en las “alegres” apuestas que se lanzan a campaña pública, a pesar de estar absolutamente desconectadas de la realidad. El llamado es a actuar con altura de miras en el manejo de un tema tan sensible para tanta gente. Se trata del rediseño de un ascensor salarial público como herramienta de justicia social y, también, de construir la plataforma indispensable para el relanzamiento de una prestación funcional de los SPE —actualmente en el suelo—. Es necesario volver a internalizar que el salario se constituirá en el punto de encuentro y equilibrio entre dos factores dramáticamente dilemáticos en la Venezuela de hoy día: por un lado, la satisfacción mediante el salario de las necesidades de los servidores públicos, comenzando por las muy básicas, actualmente insatisfechas, y, por el otro, las posibilidades reales de disponer de un flujo de ingresos dolarizado y sostenible que permita la puesta en vigencia del susodicho ascensor. Pero además, el criterio no sólo podrá ser el de la justicia social. Tendrá que reconfigurarse un marco de prioridades que apunte a aquellas áreas de servicio público en las que habrá de impulsarse un mayor esfuerzo salarial, a los fines de garantizar que el personal que va a desempeñarse en tales áreas realmente se aboque de manera integral y honesta a su trabajo.

El tema salarial debe tratarse con suprema responsabilidad, en el sentido de tratar de evitar la incubación de inalcanzables expectativas, que al no poder satisfacerse generen en el corto plazo frustración y prematura desafección de la anhelada renaciente democracia. Es comprensible que los gremios exijan, pero en este tramo tan sensible y particular de nuestra historia las organizaciones políticas deberían plantearle a la ciudadanía solo objetivos que, después de un cuidadoso estudio, arrojen la posibilidad cierta de su realización en un gobierno democrático dirigido por ellas. El comenzar a hacer demagogia con el tema salarial es convertir, desde ya, el libre mercado de oferta y demanda electoral en la democracia por instalar, en el mismo tipo de “guachafita” que nos trajo al presente estadio. Abrigo la sospecha de que quienes debiesen estar produciendo algunas alertas sobre el riesgo de dejar volar de manera muy inflamada la imaginación de los actores gremiales, han optado por abstenerse de participar en el debate público para no incurrir en costos políticos. De aquí, esa reiterada denuncia que planteo sobre la percepción de un cierto vacío, en cuanto a la discusión realista y racional de propuestas sobre una interrogante tan fundamental como lo es: ¿Qué vamos a hacer con los servicios públicos?

Cuando una asociación como la de los rectores universitarios (AVERU), que debiera ser representativa de toda la experticia contenida en nuestras máximas casas de estudio sobre las diversas problemáticas que aquejan al país, se embarca de manera pública en una propuesta salarial que involucra varios centenares de dólares para los docentes a dedicación exclusiva —supera los mil en el caso de los que ostentan el escalafón de Titular— y lo hace sin presentar cuantificación alguna sobre la incidencia dolarizada de su propuesta, se está desplegando un aporte al debate en esta materia diametralmente contrario al que requiere el país. En verdad, siendo sincero, me ha impactado el hecho de que, arrancándose una transición, se haya dado inicio a una prematura campaña tipo Torre de Babel, en el que cada sector discursea sobre los temas que cree son de su conveniencia política o económica, sin que tales discursos confluyan en la cristalización de un debate sobre una ruta realista conducente a encarrilar la nación en un proceso de genuina reconstitución.

Las nuevas autoridades del régimen chavista son las primeras que alientan un caudal ruidoso de expectativas. Es lo que les conviene: dibujar en el horizonte un nuevo escenario de beneficios económicos que normalice su continuidad en el poder. Los alacranes reman en la misma dirección normalizadora. Y la oposición legítima un tanto debilitada —no en lo atinente al apoyo ciudadano pero sí en su capacidad orgánica—, copada con lo urgente, no logra presentarle al país un plan integral de reconstitución. No es que no haya propuesto su visión en temas muy importantes, pero en lo concerniente a los SPE no ha pasado de la enumeración de objetivos deseables.

Claro que todos queremos retornar a la escuela pública de los cinco días a la semana y, quizás en los primeros tiempos, haya que carretear a los alumnos a esa escuela y darles de comer. Es necesario volver a contar con servicios policiales con funcionarios que no matraqueen al ciudadano, amparados en la justificación de sus sueldos casi inexistentes. Y así podemos continuar enumerando. ¿Se dispondrá de recursos para solventar todo lo que deseamos o habrá que establecer prioridades? ¿De qué tamaño será la cobija financiera que se podrá conseguir para arrancar de manera sostenible la reconstitución de lo público? ¿Cómo optimizamos su cobertura?

Esta optimización involucrará, necesariamente, ajustar el cinturón en áreas ineficientes de la administración pública y modificar políticas que ya no son factibles en la nueva realidad. Por citar un solo ejemplo: ¿Se podrá continuar con una política de jubilación a los veinticinco años de servicio en muchas áreas de la administración pública? Sobre eso, es obvio que la camarilla de Delcy no va a decir nada, no les interesa. Los gremios, en principio, tampoco lo van a plantear. Sin embargo, en el contexto del diseño de ese plan integral al que hemos hecho referencia, el tema de una nueva política de jubilaciones y pensiones tendrá que ser abordado. Este y otros delicados asuntos son verdaderos generadores de terror político. ¿Será este paralizante miedo otra de las causas por las que se observa un evidente vacío de debate sobre la reconstitución de lo público? El tema exige sacar muchas cuentas, mucha responsabilidad y no se le puede dejar de manera exclusiva a quienes van a fantasear pensando solo en las necesidades de sus correligionarios y haciendo proyecciones de su futuro político.

Este es el contexto a partir de cual me permitiré proponer para el debate algunas consideraciones sobre el desafío de reconstituir un modelo de prestación de SPE en Venezuela.