Mi diario político -12-
16/11/26
Por
Asdrúbal A Romero M
Reflexiones a raíz de las elecciones de la ULA

Domingo 15 de noviembre de 2026
Resuelto ya el daño informático, retomo este diario político con una buena noticia: la celebración de elecciones rectorales y decanales en la Universidad de los Andes. Después de dieciocho años sin realizarse, este pasado jueves se llevó a cabo la primera vuelta. A través de mis contactos con el grupo de «La Tertulia de los Martes» —reconocido espacio de análisis, reflexión y opinión ciudadana creado en Mérida por exrectores amigos— supe de la inmensa satisfacción que produjo en esta capital andina el retorno de la democracia a su bicentenaria universidad. El evento no estuvo exento de amenazas de suspensión; sin embargo, logró efectuarse con una altísima participación, convirtiéndose en una gran fiesta democrática según me fuera comunicado por los «tertulianos».
La segunda vuelta se realizará el viernes once de diciembre, aunque una nota a destacar es que la máxima autoridad rectoral fue electa en la primera vuelta. El profesor Virgilio Castillo es el nuevo rector de la ULA, tras obtener un 55 % de los votos. Además de su carrera académica como médico y docente de la Facultad de Medicina, el rector electo se ha desempeñado durante varios períodos como presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes (APULA) y de su Instituto de Previsión Profesoral (IPP), desde donde encabezó la defensa salarial y presupuestaria del sector universitario. Traigo a colación esta faceta de su trayectoria, porque será esta área de gestión en la que, precisamente, encontrará su máximo desafío.
A los rectores electos en el 2008 les ha tocado ejercer durante un período excesivamente prolongado y muy duro, que incluye los años del deslave salarial ocurrido entre finales de 2012 y 2019. Este deslave precipitó estruendosamente al suelo todo el aparato público prestador de servicios esenciales. En este contexto, no existía posibilidad alguna para los rectores, por mucho esfuerzo e inteligencia que hubiesen aplicado, de defender a sus instituciones del descalabro acontecido. Simplemente, el modelo de universidad pública que conocimos dejó de ser viable ante el aluvión que se le vino encima. Lo que sobrevive no es más que un mal remedo, una complicidad muy maquillada que le sirve al régimen para hacerle creer al país que continúa teniendo universidades a las que el pueblo tiene acceso.
A lo largo de este período de creciente inviabilidad y una ausencia de democracia forzada por el régimen chavista, es absolutamente comprensible que la imagen de las máximas autoridades rectorales sufriera un progresivo desgaste, fuera por incomprensión del telúrico fenómeno de parte de sus respectivas comunidades o porque a más de una se le extravió la brújula ética, llegando a convertirse en una caricatura de lo que debía representar —como es el caso en mi querida UC—.
Como consecuencia del persistente desgaste, es una dramática y hasta angustiosa realidad que a los vigentes equipos rectorales en general se les percibe con muy mermada credibilidad —lo cual puede ser inmerecido en algunos casos—. Urge entonces el relevo de autoridades, al menos en todas aquellas universidades a las que la Constitución les consagra ese derecho por ejercicio de su autonomía. En este sentido, bienvenida sea la posibilidad de que se realicen elecciones. Confiamos en que la reciente fiesta democrática en la ULA se constituya en el disparador de procesos electorales similares en LUZ, UC y UDO. Cabe una aclaratoria: colocar el acento en las universidades autónomas no obedece a un afán de segregar al resto de universidades, sino al deseo de evidenciar de enfática manera lo que ha significado el aberrante secuestro de la democracia en ellas.
Expuesto lo anterior, considero de fundamental importancia que en los ámbitos universitarios en los que se concreten las tan anheladas elecciones, se tome conciencia de que los rectores electos no van a poder efectuar actos de magia y recuperar sueldos como si estuviesen sacando conejos de algún sombrero. Tampoco van a estar habilitados para cambiar el modelo de sus instituciones, con la finalidad de adecuarlas a otras alternativas de financiamiento e implementar medidas de racionalización incompatibles con el marco legal y laboral que las rige en la actualidad. Por el contrario, van a estar encorsetados por la misma tendencia homologadora de instituciones que, por más de cinco décadas, ha prevalecido en la visión organizativa del Estado sobre el subsistema universitario nacional. Es una auténtica camisa de fuerza que deja poco margen a las instituciones para buscar su propio camino.
Esta realidad ya la vivimos muchos rectores de la era prechavista, quienes éramos conscientes de la necesidad urgente de implementar una transformación integral de todo el marco normativo del subsistema con la finalidad, justamente, de liberar las capacidades autónomas de las instituciones para abordar sus propios procesos de cambio.
En los actuales momentos la necesidad de transformación es muchísimo más urgente, pero esto no se va a dar mientras sigan en el poder las putrefactas excrecencias del régimen chavista; ni se va a dar con la pretendida ley de una totalmente desenfocada ministra —por cierto, ucevista, es que desde adentro se ha contribuido mucho con la destrucción—. El tema universitario pasa por buscar una solución realista y sostenible al problema del financiamiento universitario. Podemos hacer miles de listas de deseos y convertirlas en cartas al Niño Jesús. Sin embargo, hasta que el nuevo gobierno de reconstrucción nacional no emprenda la tarea de evaluar de manera integral la prestación de los servicios públicos—calculando hasta dónde alcanza la cobija de los recursos disponibles, identificando los sectores que recibirán fondos públicos y abriendo otros a esquemas alternativos para la obtención de recursos—, no se podrá tener una visión clara sobre el nuevo modelo institucional de la educación superior, su marco legal y sus mecanismos de financiamiento.
Observo todavía a muchos dirigentes universitarios desarrollar su discurso dentro del marco tradicional de lo que tuvimos, y sí: disfrutamos, pero eso murió y van a transcurrir muchos años hasta que lo podamos recuperar si es que eso es lo deseable. Sólo hablan de la necesidad de incrementar sueldos, pero no reconocen en su discurso la necesidad evidente de una transformación desde lo más elemental. Los rectores electos pueden ser catalizadores de la toma de conciencia de esta nueva realidad, que ya es vieja pero que no ha sido internalizada por las comunidades en toda su dimensión, y deben liderar el alineamiento de sus instituciones en el proceso de discusión con el nuevo gobierno. ¡Eso es lo que pueden y deben hacer!
Nótese que en el país se habla de una transición, pero ella sólo va movilizando una reactivación petrolera y un lento rediseño institucional que permita retomar el camino democrático. Toda la discusión sobre los servicios públicos esenciales está parqueada en algún limbo. Los nuevos ingresos petroleros apenas se reflejan en módicos incrementos de algunos bonos —y la creación de bonos de responsabilidad para el personal público activo—, lo cual no incide realmente en una mejora sensible de la funcionalidad de dichos servicios. La escuela pública sigue siendo la «Escuela 2D»[i]. Los sueños sobre nuevas escalas salariales públicas dolarizadas se han desvanecido ante lo cruel de la realidad. Esta es la fase en la que estamos. No vayamos entonces los universitarios a requerir de estos nuevos rectores que resultarán electos lo que ellos no estarán en capacidad de entregarnos. Y si ven a algún candidato ofreciendo villas y castillos no les voten. No son tiempos para demagogia barata.
[i] ¿Y los servicios públicos esenciales? Descargar en: t.ly/56-JL
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