¿Y los servicios públicos esenciales? (4)

Sea cual sea el camino

Aunque no lo haya señalado de manera explícita, mis ejercicios de cuantificación parten de una premisa, que el gobierno para el cambio auténtico tenga la voluntad de reconstituir los servicios públicos esenciales (SPE), si no todos, al menos los que se consideren más esenciales. ¿Y si el plan fuera avanzar más bien hacia un estado mínimo y que sea el ciudadano, empoderado por una economía sana y productiva, quien procure la satisfacción de sus necesidades de salud y educación para sus hijos? Ciertamente, es una opción que podría considerarse. Pero si es así, además de la obligación del nuevo gobierno de ser transparente y comunicar su visión de país, debería evitar el error garrafal de desconocer la necesidad de ejecutar una transición que permita lograr un cambio tan radical, sin dejar atrás a millones de víctimas de la destrucción de la “revolución bonita”. Lograr esa economía “empoderadora” de todos sus ciudadanos tomará tiempo, ¿y mientras tanto qué? ¿Qué se les diría a los niños que van a continuar sin escuela y a aquellos cuyas pensiones fueron fulminadas? Sea cual sea el camino, la dantesca realidad actual de nación severamente empobrecida nos obliga a sacar cuentas serias, establecer prioridades y tomar decisiones.

Otra premisa no hecha explícita, es la de presuponer que el nuevo gobierno priorizará el garantizar ingresos para el personal activo en aras de poder reconstituir los SPE más esenciales —la redundancia es intencional y con objetivo enfático—.  Los dos ejercicios de cuantificación expuestos en los capítulos anteriores apuntan a ello. Sin embargo, una cuestión clave del rompecabezas político y social a enfrentar por ese gobierno es la siguiente: ¿Qué debemos y qué podemos hacer con los ciudadanos jubilados y pensionados? Como ya lo indicamos: No sería aceptable aplicar un programa de incrementos salariales al sector del funcionariado público activo (FPA), sin que en paralelo se asumiera el objetivo de mejorar las pensiones; sobre todo aquellas que llevan años en los simbólicos 130 BsD mensuales —un monto indicativo de la miseria moral de quienes han actuado para tal cronificación del desamparo—.

En el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) se encuentran registrados más de cinco millones de pensionados —incluye los beneficiados por el programa Amor Mayor—. No todos cobran actualmente la pensión y la causa más común para no hacerlo es su residencia fuera del país. Se estima que un millón de pensionados podría estar viviendo en el extranjero. En el tercer ejercicio de cuantificación incluiré a este contingente, porque el nuevo gobierno debe implementar los mecanismos para que todos los ciudadanos comiencen a recibir lo que les corresponde. A continuación, la tabla que arroja el cálculo de los montos en dólares requeridos para incrementar cinco millones de pensiones por catorce meses con diferentes niveles de aumento (desde 50 a 200 dólares).

Incremento    Monto requerido

   mensual        (miles de M´s)

$50,00                      3500

$100,00                    7000

$150,00                   10500

$200,00                   14000

Esta tabla es dramáticamente reveladora del aterrizaje a la realidad que necesitamos en el debate sobre estos temas. Incrementar las pensiones en cien dólares, monto éste que representa menos de la sexta parte del costo de la canasta familiar básica, consumiría el 70% de los ingresos adicionales esperados para 2026. Esto y lograr el retorno de los maestros a las escuelas 5D(ías), prácticamente agotaría los diez mil millones de dólares que hemos utilizado como referencia importada de las estimaciones del economista Asdrúbal Oliveros. Arribar a lo nitty gritty de la amarga y árida problemática que tendremos que afrontar como nación, nos retrotrae a la metáfora de Guzmán Blanco, quien comparaba el gobernar a Venezuela con la pretensión de alisar un cuero de res seco. Arrancar el vuelo nuevo de la Nación, contando sólo con los ingresos adicionales que vaya generando la recuperación económica, resultaría muy traumático en términos políticos para la renaciente democracia.

Todas las cuantificaciones de naturaleza estimativa que hemos presentado en este documento, apuntan a la necesidad de que el equipo pre gestor del gobierno, que liderará María Corina Machado, enfoque importantes esfuerzos en la acometida de obtener financiamiento adicional a través de un programa de ayuda del tipo “Plan Marshall”. Lograr esta ayuda nos colocaría en un escenario más favorable, contraponiéndolo a aquél en el cual el proceso de rehabilitación tenga que ser financiado, exclusivamente, a partir de la disponibilidad de más recursos presupuestarios públicos derivados del esperado crecimiento económico. La velocidad real y efectiva de reconstitución de los SPE dependerá, fundamentalmente, de la mezcla de apalancamiento financiero que se pueda concretar.

¡Solos no podemos! Este debe ser el lema de concientización dirigido a los actores internacionales. Venezuela se merece este tipo de ayuda, tal como se ha instaurado para Ucrania y otros países en los que ha habido guerra. En nuestro país también se ha llevado a cabo una guerra, extraordinariamente destructiva, que quizás no ha sido internalizada como tal por una significativa fracción del liderazgo político internacional. Integrar endeudamiento externo, recursos propios, sea de la descongelación de activos de la nación en el exterior o derivados de la recuperación económica, más donaciones a fondo perdido, en un ambicioso plan social le aportaría firme sustentación política al proyecto de recuperar la democracia en nuestro país. Pretender que en nuestra nación se produzca un boom de lo económico, dejando atrás, como olvidados, a millones de seres humanos cuya posibilidad de acceso a una vida digna fue arrasada, es una insensible apuesta con ínfimas probabilidades de éxito.

El Plan Marshall Social habrá que negociarlo y justificarlo. Y todos los venezolanos tendremos que entender que para lograrlo será necesario poner orden en la casa. Por supuesto que se tendrá que proceder a depurar con exhaustividad las nóminas de FPA, pero también será necesario racionalizar en el área de las jubilaciones y pensiones. De entrada, hay que detener a la máxima brevedad posible la locura de seguir manteniendo regímenes de jubilación pública con veinticinco años de servicio. Esta política no ha sido financieramente sostenible desde hace décadas, ¡desde mucho antes de la llegada de los chavistas al poder! Y lo es mucho menos ahora cuando nos hemos convertido en pobres de solemnidad. Hay que desechar como propaganda mal intencionada todos esos videos que nos hablan de lo rico que somos por lo que yace en nuestro subsuelo. La Venezuela del futuro habrá de ser construida con trabajo y más trabajo. ¡Duro y de todos! Este debe ser el relato principal del gobierno para el cambio auténtico.

En este marco de realidad, se debe dar paso a un régimen único de jubilación con una edad mínima de acceso cercana a los 70 años. Aunada a esta antipática pero necesaria y urgente medida de reconstrucción, se debe iniciar la implementación de un sistema de cotizaciones que sea auto sostenible y pueda garantizar un flujo futuro de pensiones jubilatorias independiente de los presupuestos de gasto público y que mantenga su poder adquisitivo.

Con relación a la situación actual de toda la sistemática del pago de pensiones y jubilaciones, también es imperioso acometer una auditoría a fondo. Esta es una de las cajas negras de la administración pública con mayor desorden y opacidad. El caos heredado desde la Cuarta República fue potenciado por las erráticas decisiones de Chávez y la proliferación de múltiples canales de retribución al personal en estos estatus. Algunos beneficiarios perciben dos, tres y hasta más pensiones por diferentes canales, aunque las mismas han sido diluidas, como los sueldos, a montos ínfimos. La pensión que “brilla” es la del consabido bono de la guerra económica que continúan recibiendo los jubilados de la administración pública tanto centralizada como descentralizada —aunque existen denuncias sobre la existencia de canales irregulares para acceder a dicho bono sin haberse jubilado de cargos del Estado—.  Debe instaurarse un único sistema de pago transparente y equitativo de pensiones jubilatorias.

Es bastante probable que en la mesa de negociaciones se produzcan presiones para transferir el funcionariado público jubilado (FPJ) a ese sistema único. Recomendaría que se hiciera respetando el derecho individual de cada cual a que no se le reduzca la pensión que viene devengando para el momento del traspaso —de esta manera no demandaría recursos frescos del Plan—. A partir de allí, en el marco del compromiso que debería suscribirse para atender de manera progresiva la deuda social acumulada con ese sector, los incrementos anuales previstos deberían ser iguales para todos. El traspaso del sector FPJ al sistema único no debe tener una incidencia significativa en el número de jubilados estimado en el último ejercicio de cuantificación, tomando en cuenta que una porción mayoritaria de ese sector también disfruta la pensión cancelada por el IVSS.

Comenzar a planificar un plan más concreto y detallado de reconstitución de los SPE y de ordenamiento integral de todo el Estado, demanda pasar de las estimaciones al conocimiento a fondo de todas esas cajas negras y caóticas en las que ha convertido el chavismo a la administración pública. Mientras subsista el extraño y frustrante limbo político que preside Delcy Rodríguez no se producirán avances en este sentido. Para poder anticiparnos a los retos que deberá enfrentar el gobierno del cambio auténtico, es necesario entrar a descifrar el mal intencionado caos chavista y esto sólo es posible hacerlo en el marco de una real transición. ¡En la que no estamos! Si a los Rodríguez, la administración Trump les hubiese girado instrucciones para asumir una actuación cónsona con la de un gobierno que va a entregar el mando del Estado a un nuevo gobierno electo —en un proceso en el que ellos no deberían participar como aspirantes, en consideración de sus evidentes actuaciones delictivas— ya se habrían integrado las respectivas comisiones de enlace con el objetivo de facilitar el conocimiento de todo el manejo interno de esas cajas negras. Sólo cuando esto ocurra, desde mi perspectiva tecnocrática —lo reconozco—, podremos reconocer el disparo de partida de una auténtica transición.

Nos sentiríamos mucho más tranquilos si, por lo menos, los equipos técnicos integrados por María Corina Machado estuviesen trabajando, de manera conjunta y coordinada, con los Estados Unidos de América para identificar esos nudos gordianos que complican la estructuración del Plan. ¿Está ocurriendo? No lo sé.   De no estar preparados con planes concretos en las áreas de servicio público a las que este texto ha hecho referencia, se producirá improvisación, decepción, rápida desafección con el nuevo gobierno y, muy probablemente, signos de inestabilidad democrática.

PD: Si activan el enlace de descarga, en esta oportunidad se descargará el documento completo: ¿Y los servicios públicos esenciales? Contiene los cuatro capítulos que fueron publicados tanto en la sección de opinión del periódico El nacional como en esta página multi blog.